México firma acuerdo migratorio laboral con El Salvador, Guatemala y Honduras
En el mes de octubre del año 2016, México, El Salvador, Guatemala y Honduras firmaron un Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación Laboral, para fijar las bases que permitirán la
elaboración de un plan conjunto de apoyo a trabajadores migrantes, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Mediante el Programa Laboral Migratorio Temporal se prevé la posibilidad de que trabajadores de los tres países centroamericanos laboren en México por un periodo no mayor de 180 días en los
sectores agrícola y de servicios durante épocas determinadas de mayor demanda, indicó la institución en un comunicado.
Asimismo, permite que mexicanos altamente calificados puedan emplearse temporalmente en dichas naciones.
"Las acciones a las que nos hemos comprometido hoy fortalecerán el tejido social que se genera entre los trabajadores migrantes, y con ello se continuarán estrechando los lazos de hermandad
hemisférica para construir un frente común entre nuestras naciones en materia de migración laboral", señaló el Secretario mexicano de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida.
El mecanismo se iniciará con una prueba piloto de seis meses de duración, periodo durante el cual se permitirá el ingreso a México de hasta mil trabajadores por país.
Para evitar los abusos en el proceso de reclutamiento, los cuatro países acordaron que la vinculación laboral se realice por medio de los servicios nacionales de empleo, lo que impedirá
violaciones a los derechos humanos y de trabajo de los interesados.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió a los Gobiernos firmantes ampliar al resto de Centroamérica y el continente los beneficios del Memorándum
de Entendimiento firmado en Cancún.
Según Almagro, el documento "marca un hito en las relaciones sociales, laborales y migratorias entre los cuatro países". "Ojalá que esta propuesta en algún momento pueda tornarse hemisférica. Mi
único pedido es que no lo cierren a los cuatro países, que tengan la generosidad para ver a Centroamérica y el resto del continente", añadió.
Señaló que la migración internacional aumenta año con año, por lo que se pronunció por hacer frente con soluciones como esta a la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades que fuerzan el
desplazamiento de cientos de miles de personas, empujándolas a abandonar sus comunidades y sus hogares.
"Ningún país puede de manera independiente enfrentar los problemas que plantea la migración internacional. En nuestro hemisferio, cada política migratoria afecta a todas las demás", apuntó.
Almagro se comprometió a mantener el apoyo de la OEA a las iniciativas que aborden la problemática de la migración en los países de origen, transito y destino.
"La migración laboral trae consigo beneficios. Los migrantes aportan significativamente a los países en mano de obra, crecimiento económico, aportando a la economía y haciendo crecer
culturalmente a las comunidades", expuso. Señaló que "también las remesas han ayudado a las personas a alzarse de la línea de pobreza, a construir vivienda, a enviar a los hijos a la escuela y en
algunos casos a dar mejor vida a las comunidades". Por otro lado, añadió, muchos de estos trabajadores migrantes viven una situación de vulnerabilidad, a veces enfrentando barreras idiomáticas y
culturales, así como prácticas discriminatorias, y están sujetos a condiciones laborales menos favorables. "Los países han reconocido la importancia de fomentar mercados laborales inclusivos y
promover la protección de los derechos humanos y laborales de los migrantes, independientemente de su condición migratoria", puntualizó.
Un nuevo plan para responder a las causas de la migración en El Salvador, Guatemala, Honduras y México
MAYO 2019 - La iniciativa atacará los cinco motivos por los que la gente emigra: el lento crecimiento económico y la grave desigualdad que genera, el alto crecimiento demográfico, el
aumento de la frecuencia de las sequías e inundaciones, el desempleo y el aumento de la pobreza y la violencia.
Ciudad de México.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha presentado al Gobierno de México el Programa de Desarrollo Integral El Salvador, Guatemala, Honduras, México, en una
ceremonia en la que estuvo presente el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y la secretaria ejecutiva de esa Comisión de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena.
Este Programa es resultado del mandato que la CEPAL recibió el 1 de diciembre de 2018 de parte de los presidentes de esos países para elaborar un plan con recomendaciones y avanzar hacia un nuevo
estilo de desarrollo generando una nueva mirada sobre la complejidad de los procesos migratorios.
La iniciativa busca atender las causas de origen de la migración y pone en el centro de su agenda los derechos humanos de los migrantes.
Alicia Bárcena destacó que la CEPAL trató de entender por qué la gente tiene que migrar de sus países y halló cinco causas estructurales: el lento crecimiento económico de los países junto con la
grave desigualdad que genera, el alto crecimiento demográfico, el aumento de la frecuencia de las sequías e inundaciones, la falta de empleo, el crecimiento de la pobreza y el aumento de la
violencia.
Para responder a estas causas, el Programa plantea 30 recomendaciones basadas en cuatro pilares: desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y gestión de la migración
garantizando la seguridad humana.
En el ámbito del desarrollo económico se proponen medidas para el fortalecimiento de la administración tributaria; reforzar la transparencia y rendición de cuentas para mejorar
la calidad del gasto y reducir la corrupción; priorizar el empleo y la creación de políticas que fomenten innovación, la ciencia y tecnología.
Se trata de construir un nuevo espacio económico dentro de una integración comercial, productiva, energética y logística.
En el rubro de bienestar social, se propone universalizar el acceso a a educación hasta secundaria; otorgar becas académicas; promover la movilidad laboral; cerrar brechas
salariales entre hombres y mujeres; implementar un sistema público de cuidados con prioridad hacia la primera infancia y adultos mayores; cerrar las asimetrías de bienestar de los pueblos
indígenas; y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional rural y urbana.
Para alcanzar la sostenibilidad ambiental y gestión de riesgos, se propone redoblar las medidas para la transición hacia economías bajas en emisiones de carbono; reducir la
necesidad energética e hídrica por unidad de producción; emitir bonos verdes; cooperar en la gestión regional de riesgos; garantizar el resguardo de la biodiversidad terrestre y marina;
desarrollar los productos locales, potenciar la agro-economía y darle valor económico a los servicios ambientales.
En la gestión en todas las fases del ciclo migratorio, se prevé que las Naciones Unidas y sus agencias trabajen para colocar en el centro los derechos de los migrantes y
refugiados tanto desde su partida en los países de origen, como en los de tránsito y destino, así como en su eventual retorno. También se incorporará el principio de no discriminación; y se
propondrán políticas para atender a las personas desplazadas; así como programas para superar el hambre y la pobreza rural en territorios con alta propensión a la migración.
Las cuatro claves del acuerdo migratorio entre México y EEUU
Las delegaciones de México y Estados Unidos han necesitado ocho días de intensas negociaciones en Washington, para alcanzar un acuerdo migratorio que evita la subida de aranceles
a productos mexicanos prevista para el próximo lunes. La delegación mexicana celebró el acuerdo como una importante victoria aunque, en la práctica, el gran vencedor ha sido Donald Trump. El
líder estadounidense ha conseguido, por un lado, que México asuma más esfuerzos y competencias en materia migratoria y, por otro, ha demostrado que subiendo los aranceles (o amagando con hacerlo)
puede manipular a su vecino del sur de acuerdo a sus intereses.
La declaración conjunta consta de cuatro ejes principales que sentarán las bases de la gestión de esta crisis migratoria en los próximos meses. Primero, y como ya confirmaron las autoridades
mexicanas el pasado jueves, 6.000 soldados serán desplegados en el sur del país para controlar a los centroamericanos que atraviesan la frontera con Guatemala. Según destacó el canciller mexicano
de Exteriores, Marcelo Ebrard: "lo que se va a hacer es darle prioridad a los 11 municipios de la frontera sur". El despliegue se hará efectivo a partir del lunes y supondrá el estreno de la
Guardia Nacional con la que López Obrador busca retirar al Ejército de las calles y dar paso a una fuerza mixta más apropiada para labores de seguridad ciudadana.
Políticas migratorias por 'control remoto'
El segundo punto del acuerdo hace referencia a un asunto que, aunque ya se empezó a aplicar en diciembre del año pasado, no deja de ser polémico: la instrumentación de la sección 235 (b)(2)(c) de
la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EEUU. En líneas generales este apartado implica "que aquellos que crucen la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo serán retornados sin demora
a México, donde podrán esperar la resolución de sus solicitudes", según se desprende del comunicado.
La falta de jueces ha convertido en un infierno este proceso de solicitud que a veces tarda, según datos de la Universidad Syracuse, hasta dos años de media en resolverse. A día de hoy, en las
cortes migratorias estadounidenses todavía hay 700.000 casos pendientes, y según alertó en abril la exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, solo una quinta parte de
las solicitudes "son aceptadas por los jueces". Tres días después de estas declaraciones Nielsen fue destituida de su cargo.
Las solicitudes de asilo, tanto en México como en EEUU, siguen disparadas. En el 2018, las peticiones en los puestos fronterizos estadounidenses han aumentado un 70% con respecto a 2017. La
llegada de las caravanas ha cambiado por completo las dinámicas migratorias en la región. Ya no son solo jóvenes que viajan solos si no caravanas de miles de personas entre las que viajan muchas
familias con niños (el 60% de todas las solicitudes durante el 2018 correspondían a unidades familiares).
Esta es una realidad que conocen bien en las ciudades fronterizas mexicanas, ya que son ellos los que finalmente tienen que asumir el costo de esta nueva política. Cuando EEUU confirmó, en
diciembre, que iba a aplicar unilateralmente este apartado, el exacalde de Tijuana, lo calificó como "una pésima decisión que vulnera la autoridad municipal y que no toma en cuenta a los
tijuanenses, nadie nos preguntó nuestra opinión". Para evitar una subida de aranceles, hoy México asume por válido este delicado apartado que, aunque ya estaba en funcionamiento, según ha
adelantado el canciller Ebrard: "en tres puntos se irá extendiendo".
No obstante, su aplicación deja muchas dudas en el aire. Por ejemplo, ¿qué pasará con los 396.579 migrantes que los agentes fronterizos estadounidenses capturaron durante el 2018 intentando
entrar en su territorio?. De acuerdo con este apartado, todos los que soliciten asilo serán enviados a México mientras se resuelve su trámite judicial. Y si ese trámite se resuelve con rechazo,
¿quién asumirá los gastos de deportación del inmigrante?.
Tampoco queda claro bajo qué condiciones y qué derechos tendrán los inmigrantes que esperan en México. Si las cifras de centroamericanos que llegan a las ciudades fronterizas se multiplican en
los próximos meses, los gobiernos locales deberán plantearse crear nuevos refugios, albergues o incluso centros de detención de migrantes. En el acuerdo se menciona ligeramente esta posibilidad
asegurando que México "ofrecerá oportunidades laborales y acceso a la salud y educación a los inmigrantes y sus familias mientras permanezcan en territorio mexicano".
La única victoria destacable para los intereses mexicanos, al margen de evitar la subida de aranceles, llega por el respaldo de EEUU al Plan Integral de Desarrollo propuesto por López Obrador.
Esta estrategia pasa crear una zona de prosperidad en el origen de la crisis (Guatemala, Honduras, El Salvador y el sur de México) a través de proyectos de desarrollo. El plan cuenta ya con el
respaldo de los gobiernos implicados, así como de la CEPAL, y supone la primera estrategia a medio plazo para solventar esta grave crisis humanitaria. No obstante aún tienen que ponerse de
acuerdo en la cantidad de dinero a destinar. Mientras que desde México insisten en que hacen falta 10.500 millones de dólares, EEUU se compromete solo por el momento a destinar 5.800 milllones.
Por último, y en paralelo a este programa, López Obrador ha confirmado que continuará ofreciendo a los centroamericanos visas de tránsito y trabajo para los estados del sur de México.
En el último punto del acuerdo, ambos países se comprometen a tomar medidas adicionales "en un plazo de 90 días", si la estrategia inicial no surte efecto. A pesar de las buenas noticias, López
Obrador mantenía, al cierre de la edición de este diario, la convocatoria de una manifestación en defensa de la unidad de los mexicanos frente a las presiones estadounidenses. El escenario es
Tijuana, símbolo de una vida fronteriza destinada a cambiar drásticamente con la aplicación de este nuevo acuerdo entre los dos países.
