Macron y su política migratoria, foco de críticas en Italia
Italia acusa a Francia de haber violado su soberanía tras la irrupción de aduaneros franceses en el local de una ONG en Bardonecchia para someter a una prueba antidrogas a un inmigrante nigeriano
El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su vísita al centro de
migrantes de Croisilles, en el norte de Francia, el pasado enero
¿Está Emmanuel Macron aplicando una política migratoria “inhumana” simplemente por cálculo electoral a costa de Italia y de Europa? Esta es la hipótesis que sostiene la gran mayoría de los comentaristas de la prensa italiana tras el incidente diplomático ocurrido el pasado viernes en la localidad turinesa de Bardonecchia, fronteriza con Francia. Cinco aduaneros franceses irrumpieron sin autorización en el local de la ONG Rainbow for Africa, instalado en una antigua estación ferroviaria. Allí, los agentes sometieron a un control de orina a un inmigrante nigeriano, detenido en un tren de alta velocidad París-Milán, bajo la sospecha de tráfico de drogas. El análisis dio negativo.
Tanto la supuesta brutalidad con la que los agentes trataron al inmigrante, “asustado y tembloroso” según recoge Il Corriere della Sera, como el carácter “ilegal” de la actuación policial, considerada como una “violación de la soberanía italiana”, han sido condenados de forma unánime. “Cínico”, “arrogante”, “invasor”, son algunos de los calificativos utilizados para describir a un presidente acusado de mantener un doble discurso en materia migratoria. Su alegato “humanista” y su defensa de una mayor cooperación europea chocan radicalmente con los hechos, argumentan. Una estrategia que la prensa italiana atribuye a la necesidad del inquilino del Eliseo de contener el auge de la extrema derecha francesa.
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La ley de inmigración pone a prueba por primera vez la mayoría de Macron
El presidente combina mano dura con los extranjeros sin papeles y medidas de integración para los refugiados
Medidas como el endurecimiento de los controles a los sin papeles, el aumento de las expulsiones y la imposición de sanciones penales para quienes entren ilegalmente en el país inquietan a algunos miembros de la mayoría gubernamental en la Asamblea Nacional y a las asociaciones defensoras de los derechos humanos. El ministro de Interior, el exsocialista Gérard Collomb, que ha dado nombre a la ley, intenta suavizar sus aspectos más severos con medidas destinadas a agilizar los trámites para los demandantes de asilo y ayudar a su integración.
La ley migratoria, que sustituirá a la aprobada en 2016 bajo el presidente socialista François Hollande, es el primer caso en el que han surgido discrepancias en el bloque de su partido, La República en marcha. Esta coalición heterogénea congrega desde a socialdemócratas procedentes del Partido Socialista a conservadores que hasta hace unos meses militaban en Los Republicanos, el gran partido de la derecha.
“Hay que acoger", dijo Collomb en una rueda de prensa, "pero hay que acoger bien a aquellos y aquellas que deben forjar su futuro en Francia de manera que, efectivamente, el espejismo que hayan podido entrever no se transforme en una pesadilla, y que para ellos el sueño francés mañana se convierta en realidad”
La ley aumenta de 45 a 90 días, ampliables hasta 135, el plazo de retención para las personas en proceso de expulsión. Se trata de dar más margen a las autoridades para negociar la repatriación con los países de origen de los afectados. Al mismo tiempo, reduce los plazos para tramitar las solicitudes de asilo, de los once meses de media actual a seis. El tiempo para recurrir el rechazo de la demanda se rebaja de un mes a dos semanas. Este cambio puede agilizar los trámites, pero también reducir el margen de los demandantes para preparar su apelación. Quienes crucen sin autorización las fronteras francesas se exponen a una pena de un año de prisión y 3.750 euros de multa. Los sin papeles que usen un documento de identidad falso para seguir en Francia se exponen a penas de cinco años de prisión y 75.000 euros de multa.
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La policía francesa irrumpe en un centro de migrantes al norte de Italia
Cinco policías franceses armados entran sin la autorización de Italia en un centro de inmigrantes para pedir una prueba antidrogas a un nigeriano. Roma llama a consultas al embajador francés
Durante la noche del viernes cinco policías franceses armados entraron sin la autorización de Italia en un centro de atención a inmigrantes gestionado por una ONG en la localidad turinesa de Bardonecchia, en la frontera con Francia, para pedir una prueba antidrogas a un hombre nigeriano. El Gobierno italiano en funciones lo calificó como “acto grave, completamente fuera del marco de colaboración entre estados fronterizos” y llamó el sábado a consultas al embajador francés para aclarar lo ocurrido. Las autoridades de ambos países han decidido reunirse en Turín el próximo 16 de abril para examinar la cuestión. A lo largo del día también se sucedió un coro de protestas de todas las fuerzas políticas.
Un campo de refugiados en Roma el 30 de marzo de 2018
Después de la reunión diplomática, el Ministerio de Exteriores explicó en un comunicado que “lo sucedido pone en cuestión, con los consecuentes e inmediatos efectos operativos, el funcionamiento de la hasta ahora excelente colaboración fronteriza”. El ministro francés de Acción y Cuentas Públicas (Hacienda), Gérald Darmanin, encargado de la aduana gala, aseguró en un comunicado que toda la acción fue realizada conforme a las normas y que los agentes en todo momento solicitaron el consentimiento de los responsables del local.
De acuerdo con la versión oficial francesa, los funcionarios “en uniforme e identificados como agentes de la aduana francesa”, sospecharon del individuo durante el trayecto del tren de alta velocidad París-Milán y, “para realizar el control en condiciones de respeto de la persona”, decidieron esperar a que el tren llegara a la estación de Bardonnechia, “puesta a disposición de la aduana francesa en aplicación de los acuerdos de controles nacionales", dice un comunicado, en el que se subraya además que los agentes solicitaron permiso a los responsables del centro para usar sus lavabos para realizar el control.
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Macron endurece la política migratoria con más controles y expulsiones
“Si acogiéramos a todo el mundo no podríamos hacerlo en buenas condiciones. Hemos decidido acoger a quienes son refugiados de zonas de guerra, a quienes son prisioneros políticos, pero al mismo tiempo intentar una política que permita que las migraciones económicas se gestionen de otra manera”, dijo recientemente el ministro francés del Interior, Gérard Collomb, en una entrevista con la cadena de radio RTL. “Quienes no obtengan el derecho de asilo deben ser expulsados”, añadió. Y reveló que las expulsiones o deportaciones habían aumentado un 14% en los 11 primeros meses de 2017.
Dos circulares recientes del Ministerio del Interior, que marcaban las directrices para los funcionarios que se ocupan de la inmigración y el asilo, han encendido el debate. La circular del 20 de noviembre ordenaba acelerar la expulsión de las personas que hubiesen visto rechazada su demanda de asilo. La del 12 de diciembre prescribía que brigadas móviles formadas agentes del ministerio pudieran entrar, previo aviso, en albergues para controlar el estatuto migratorio de los inquilinos. Según Collomb, hoy viven unas 100.000 personas en estos centros, un tercio de las cuales han visto rechazado el estatuto de refugiado y por tanto deberían abandonar Francia.
“En la práctica, se trata de la violación de un principio fundamental de la República”, comenta Patrick Weil, historiador de la inmigración, autor de varios libros de referencia sobre el tema y asesor del primer ministro socialista Lionel Jospin a finales de los noventa. “Cuando un niño llega a la escuela, no se le piden los papeles. Cuando un enfermo se presenta al hospital, no se le piden los papeles. Y cuando una mujer, un niño, un hombre carece de alojamiento, y es invierno, no se le piden los papeles para ofrecerle una cama donde dormir”. Weil sostiene que “perfectamente podemos devolver a las personas a sus países sin cuestionar el derecho a dormir, a acceder a cuidados médicos y, para los niños, a ir a la escuela. Este es el límite que se está cruzando, una línea roja que ningún Gobierno había cruzado desde la Segunda Guerra Mundial”.
Francia desmantela el campamento de migrantes de Calais.
Desde posiciones progresistas, se reprocha a Macron aplicar “una política migratoria muy dura” que rompe con su discurso “a la vez humanista y pragmático” durante la campaña, como ha escrito Le Monde en un editorial. Desde la derecha no deja de recibir elogios, incluso del FN, que ha aplaudido los controles en los centros de albergue.
“Yo no puedo dar papeles a todas las personas que no tienen”, dijo recientemente el presidente. “No podemos acoger toda la miseria del mundo, como decía Michel Rocard”, añadió, citando una frase célebre de quien fue primer ministro socialista en los años ochenta, y uno de los mentores de Macron.
El discurso de Macron es más coherente de lo que parece. Ya en la campaña insistió en diferenciar entre los refugiados y los inmigrantes económicos. “Examinaremos las demandas de asilo en menos de seis meses, recursos incluidos. Es necesario acoger dignamente a los refugiados que tienen derecho a la protección de Francia”, se leía en el programa electoral. “Los demás serán revueltos de inmediato a sus países para que no se conviertan en inmigrados clandestinos”.
La inmigración ha dominado los grandes debates franceses desde el final de la Primera Guerra Mundial, cuando las pérdidas humanas derivadas de la guerra llevan a una apertura a inmigrantes de países europeos, hasta los debates en la última década que indiscriminadamente mezclan inmigración con la identidad nacional, con la integración de los musulmanes franceses e incluso con el terrorismo yihadista. Weil habla de “un malestar de los franceses en su propia identidad y en su relación con un cierto número de compatriotas, a quienes asocian a los recién llegados”. Y eso que, añade, “el número es tan poco importante comparado con los que ha acogido Alemania”.
La ley anunciada, que debe presentarse en la próxima primavera, supondrá “una refundación completa de la política de asilo y de inmigración”, según Macron. Prevé un mayor control de los flujos en los países de origen y una política de ayuda al desarrollo más eficaz; una mejora de la acogida a los recién llegados; un aumento de las deportaciones; y políticas de integración para quienes se queden.
Al proponerse “refundar” las políticas de inmigración, el presidente se mira en el espejo del general De Gaulle. De Gaulle aprobó en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, un decreto que renunciaba a las cuotas por países —sistema que había estado en vigor, por ejemplo, en Estados Unidos— y establecía que “las necesidades de mano de obra determinarían los flujos de inmigrantes”, según cuenta Patrick Weil en el libro Le sens de la République (El sentido de la República). La llamada “refundación” también responde a una estrategia que domina la presidencia de Macron: abordar de raíz los temas que preocupan a los votantes del FN para evitar su ascenso. Y ningún tema está tan ligado a los éxitos de este partido extremista, desde los años setenta, como la inmigración.
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