La nueva política migratoria argentina: control y exclusión
Argentina ha cambiado su política migratoria, pasando de un modelo de referencia regional que afirmaba la migración como derecho humano, a un paradigma de control y exclusión que asocia la migración al delito y a la inseguridad ciudadana
La ley de migraciones sancionada en Argentina en el 2003 y reglamentada siete años más tarde, representó un gran avance respecto de la legislación anterior, heredara de la última dictadura militar. La legislación se transformó en una referencia internacional, al reconocer la migración como un derecho humano y garantizar a los inmigrantes derechos educativos, sanitarios y laborales sin importar la condición reglamentaria en que se encuentren. A pesar de esto, en enero de este año, el presidente Mauricio Macri sancionó un decreto que modificó sustantivamente este marco jurídico, revirtiendo o suprimiendo algunos de sus aspectos más significativos.
Organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de un importante número de organizaciones de migrantes, consideraron el nuevo decreto presidencial “una iniciativa que no respeta los derechos humanos” y lo calificaron como una “política regresiva”. La reforma impuesta por el presidente argentino dilata el plazo necesario para acceder a la ciudadanía nacional, amplía las causas de denegación y de cancelación de residencia en el país, así como amplía las de expulsión, debilita el derecho de defensa, y extiende o acelera notablemente las posibilidades de detención de migrantes sujetos a un trámite de expulsión.
El gobierno argentino defendió la medida señalando que estipula “un procedimiento especial de carácter sumarísimo” para las expulsiones. Apeló en sus argumentos a delitos graves transnacionales, aunque, en rigor, la reglamentación puede afectar a cualquier migrante que, por ejemplo, no pueda probar la “legalidad” de su ingreso y permanencia en el territorio nacional. En algunas jurisdicciones, puede implicar que una mera contravención policial justifique la expulsión o la prohibición del ingreso, aumentando el poder de la policía. Ya no será necesario que un delito haya tenido “condena firme” para ser considerado causa suficiente para impedir el ingreso o dictaminar la expulsión de una persona.
Fantasías de control
El nuevo decreto destaca “el crecimiento del crimen organizado internacional” y enumera delitos como el terrorismo, el tráfico de armas, de personas, de órganos o tejidos y de estupefacientes, el lavado de dinero y la trata de personas, entre otros. Aunque no indica fuentes ni estudios que fundamenten una relación entre el delito y la migración, el decreto indica que la población carcelaria de personas con nacionalidad extranjera ha aumentado hasta alcanzar más del 21%. Organismos nacionales e internacionales indicaron que el dato utilizado por el gobierno del presidente Macri para fundamentar una política migratoria más rigurosa y restrictiva, carece de sostén y que la población carcelaria extranjera no supera el 5%, coincidente con el porcentaje de población sin nacionalidad argentina que vive en el país.
En sintonía con algunas de las políticas migratorias llevadas a cabo por los gobiernos conservadores del restpo del mundo, el cambio de la ley supuso modificar radicalmente el marco de comprensión del fenómeno migratorio, de un paradigma de derechos a uno de seguridad nacional y de control de las fronteras. Dos días antes de la sanción del mencionado decreto, reforzando esta posición, el gobierno de Mauricio Macri creó la Comisión Nacional de Fronteras y los Centros de Frontera, insistiendo en la necesidad de una “lucha integral” contra el delito internacional y un “mejor control fronterizo”.
¿Qué busca este cambio en las restricciones migratorias? ¿En qué sectores sociales el gobierno argentino pretende conseguir apoyo y consentimiento con este tipo de medidas?
La nueva política migratoria fue sancionada al concluir el primer año de gestión del presidente Macri, un período que se caracterizó por un cambio significativo en la gestión de las políticas públicas que impactó severamente en las condiciones de vida de la población más pobre: el incremento sostenido de las tasas de interés y de la especulación financiera; la reducción de impuestos a los sectores más concentrados de la economía y el aumento generalizado de las tarifas de los servicios públicos; el endeudamiento y aumento del déficit fiscal; el enfriamiento general de la economía con la consecuente generación de desempleo, como estrategia fallida para detener la inflación; así como medidas de flexibilización laboral que aumentan la precarización del mercado de trabajo y acaban generando una reducción progresiva del ingreso real de la población, especialmente, de los sectores más vulnerables. En este marco, las incertidumbres y miedos florecen, los riesgos aumentan y las amenazas se multiplican, generando las condiciones propicias para el despliegue de una retórica del control que los gobiernos neoliberales aprovechan para criminalizar y segregar a los inmigrantes o a la población extranjera que vive en el país.
¿Bastará imitar a la Unión Europea en mecanismos excluyentes y violatorios de los derechos humanos para alimentar una vez más nuestra ilusión de pertenecer al mundo desarrollado?
El cambio en la política migratoria argentina no será efectiva para controlar el delito transnacional. Va a generar, sí, un mayor control social y la expansión de una retórica de la amenaza y de la sospecha sobre las poblaciones más pobres, especialmente las que, aunque viven desde hace décadas en la Argentina, provienen de países como Bolivia, Paraguay o Perú. El gobierno de Mauricio Macri repite una política de segregación y exclusiones, de criminalización y desconfianza hacia los extranjeros oriundos de países más pobres que el nuestro, que ha atravesado la historia argentina durante los larguísimos ciclos dictatoriales y de los gobiernos conservadores que se han sucedido en los breves e inestables ciclos democráticos. Una historia que se repite una vez más, aunque en este caso no como farsa, sino como tragedia.
decreto de control migratorio del gobierno de macri (2017)
Luego de una semana de especulaciones, el presidente, Mauricio Macri, le puso la firma al decreto que endurece los controles migratorios en la Argentina: a través del Boletín Oficial, el Gobierno Nacional formalizó cambios en la Ley de Migraciones (25.871) mediante el decreto 70/2017. Se acortan así los tiempos para definir la expulsión de un extranjero con antecedentes penales.
El documento apunta al "crimen organizado internacional". "La necesidad de trabajar incesantemente en el perfeccionamiento del orden normativo migratorio adquiere especial importancia frente a fenómenos actuales como la globalización, la internacionalización del turismo y el crecimiento del crimen organizado internacional", explica el documento oficial. Y para justificar la medida, apunta a la "duración de los procesos administrativos y judiciales en materia migratoria, los que atentan contra el debido proceso legal y pueden acarrear al Estado Nacional responsabilidad internacional, de conformidad con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiterados fallos".
El texto además recupera cifras sobre migración y delito: "la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en el 2016 el 21,35% de la población carcelaria total y en los delitos vinculados a la narcocriminalidad, un 33% de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros". Por estas razones, las principales modificaciones a la ley, que impactan tanto en los nuevos visitantes como en los residentes, apuntan a endurecer los controles.
¿QUE ESTABLECE EL DECRETO?
* No podrán entrar narcotraficantes al país. Se trata de quienes tengan condenas sobre casos relacionados a este tipo de delitos. El inciso C del artículo 29 de la ley actual impide entrar a quienes están en condiciones de "haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años o más".
* Divide a los delitos entre comunes y, por otro lado, al tráfico de drogas, personas, armas, órganos y tejidos (categoría nueva) lavado, inversiones ilícitas.
* Tampoco podrán entrar al país quienes tengan antecedentes penales en el país de origen o antecedentes de haber participado de alguna organización de crimen organizado, como narcotráfico, trata, tráfico de órganos. Esto es independiente de que haya condena. Y "sólo con un informe que diga que la persona está en una red de terrorismo se podrá impedir el ingreso o tramitar la expulsión".
* Los inmigrantes que hayan pagado para ser traídos al país podrán obtener la residencia y evitar la expulsión si colaboran para dar con el traficante de personas que lo trajo a la Argentina.
* Tendrán impedido el ingreso a Argentina las personas que presenten documentación falsa u omitan informar sobre sus antecedentes penales.
* Hasta ahora la prohibición de reingreso al país luego de una expulsión era de cinco años. Con la nueva norma será de ocho años por delitos dolosos y 5 años por delitos culposos.
* El decreto alcanza a las residencias en trámite. Y puede dar de baja la residencia en determinados casos: fraude en la documentación y condenas (estén o no firmes) por los delitos arriba mencionados.
* Se cancela la residencia permanente "a quien hubiese permanecido fuera del territorio nacional por un período superior a dos años o la mitad del plazo acordado, si se trata de residencia temporaria, excepto que la ausencia obedezca al ejercicio de una función pública argentina o se haya generado en razón de actividades, estudios o investigaciones que pudiesen ser de interés" .
* Quienes no tengan los medios económicos tendrán derecho a un abogado gratuito que los asista.
Argentina ajusta los controles fronterizos a normas internacionales
Autoridades de Bolivia y Paraguay cuestionan la nueva política migratoria del gobierno argentino
Hay temor en bolivianos por nueva política migratoria
Tras la emisión del decreto que endurece la política migratoria de Argentina, existe temor y preocupación entre los ciudadanos bolivianos que habitan ese país. Los más afectados, dicen, serán quienes todavía no cuentan con una residencia legal. Del total de emigrantes bolivianos, el 38.2 por ciento vive en Argentina, país que registra el mayor porcentaje. Mediante el Decreto 70/2017, el Gobierno del presidente argentino Mauricio Macri modificó la Ley de Migraciones de su país para imponer controles migratorios más duros y agilizar la deportación de extranjeros que ingresaron ilegalmente o que estén vinculados con la comisión de delitos.
ACUSACIONES
La semana pasada, la ministra de Seguridad del país vecino, Patricia Bullrich, afirmó que “muchos ciudadanos paraguayos, bolivianos y peruanos se comprometen tanto sea como capitalistas o como mulas, como choferes o como parte de una cadena en los temas de narcotráfico”. Aunque el Gobierno de Bolivia le pidió una “aclaración” al respecto, eso no ocurrió y la autoridad argentina dijo no estar al tanto de la solicitud.
“Los que más van a ser afectados son los bolivianos porque en Buenos Aires existen todavía hermanos que por una falla en su certificado de nacimiento, no han podido legalizar su situación y
actualmente no tienen documentos”, indicó Juan Mamani, comunicador de la comunidad de residentes bolivianos en Argentina.
Agregó que existe temor entre esa población desde el año pasado, cuando, tras la asunción al poder de Macri, ya se hablaba de la reforma migratoria. “La comunidad boliviana está preocupada; para
Macri, si no tienes la radicatoria, ya has cometido un delito, una contravención”, añadió.
El decreto dispone que el ingreso y permanencia de extranjeros está impedido, entre otras causas, por “intentar ingresar o haber ingresado al territorio nacional eludiendo los controles
migratorios, o por lugar o en horario no habilitados al efecto”. Mamani hizo un llamado a que cualquier ciudadano boliviano que viaje a Argentina lo haga portando todos sus documentos y que
incluso los legalice previamente en la Embajada argentina en Bolivia. “Cualquier excusa va a ser válida para la detención”, advirtió.
DELITOS
En mérito del decreto, el Gobierno argentino podrá cancelar la residencia otorgada a un extranjero y disponer su expulsión cuando “el residente hubiese sido condenado, en la República Argentina o
en el exterior, aunque dicha condena no se encuentre firme, respecto de delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos y tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en
actividades ilícitas”.
En el decreto se argumenta que, en Argentina, el 21.35 por ciento de la población carcelaria del Servicio Penitenciario Federal (SPF) es extranjera, y que el 33 por ciento de esas personas están
detenidas por delitos relacionados con el narcotráfico.
El gobierno comenzará a “trasladar” a los inmigrantes latinoamericanos al interior del País
MAYO 2017
Según publicó infobae hoy, el gobierno nacional pondrá el lunes en marcha un “ambicioso programa de erradicación de inmigrantes de Capital y Gran Buenos Aires“. La idea, que según el portal han denominado “proyecto de reorientación de los flujos migratorios internos de la Argentina” se viene debatiendo puertas adentro del gobierno y consiste en “trasladar” al interior del país a aquellos inmigrantes que realizan sus trámites de radiación y para los que ya están viviendo en el GBA o la Ciudad de Buenos Aires, al igual que los argentinos del interior que están en esa misma zona.
La puesta en marcha de este programa se instrumentó a partir de una radiografía con un detallado relevamiento de datos del Conurbano bonaerense y de la Capital Federal. Un informe de la Dirección Nacional de Migraciones que se realizó recientemente señala que el 82% de los 285.000 inmigrantes extranjeros que se radicaron entre el 2016 y lo que va de este año en la Argentina viven en el primer cordón del GBA o en la Ciudad de Buenos Aires. las principales corrientes migratorias que se instalan en Buenos Aires provienen en su mayoría de Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, Uruguay y Chile.
Los lugares en donde se pondrá en marcha el programa son los nuevos centros de migraciones de La Matanza, Moreno, Pilar y Quilmes así como también la Dirección de Migraciones de la Capital Federal.
La iniciativa prevé desde el ofrecimiento de tierras del Estado en diferentes provincias hasta programas sociales, asistencia sanitaria y educativa.
El Ministerio de Desarrollo Social será un organismo clave en el armado del plan ya que se prevé el ofrecimiento de tierras del Estado que hay en el interior del país para que por medio de créditos a largo plazo los inmigrantes extranjeros o argentinos que viven en el conurbano o en la Capital y quieran trasladarse al interior del país puedan adquirir tierras. Se está estudiando un programa de créditos blandos para la adquisición de tierras estatales que hoy no se usan en el interior del país. También se evalúa un esquema de alquileres de tierras o edificios públicos.