El nuevo Gobierno ha expulsado a más de 45.000 personas en cinco meses, casi 15.000 de ellas en abril

Las deportaciones de migrantes desde México se han disparado en los primeros cinco meses del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El número de expulsados casi se ha triplicado, de los 5.717 de diciembre de 2018 a los 14.970 de abril, según datos preliminares del Instituto Nacional de Migración (INM), hasta sumar un total de 45.370 personas, la mayoría de origen centroamericano. Son más que durante la última etapa de Enrique Peña Nieto, cuando los deportados fueron 43.662 y 36.025, en el mismo periodo, uno y dos años antes. Los casi 15.000 deportados de abril representan la cifra mensual más alta de los últimos tres años.

Este incremento llega después de que el Gobierno mexicano declarara la necesidad de “ordenar” el fenómeno migratorio, un cambio con respecto al inicio del año, cuando permitió la entrada masiva de miles de migrantes en caravanas que pretendían llegar a Estados Unidos. En los dos primeros meses del nuevo Gobierno, antes de que se produjera ese cambio de rumbo, el número de deportaciones se situó por debajo de los 6.000, un descenso importante respecto a las más de 10.000 personas devueltas en el último mes de la Administración anterior, criticada por su política de mano dura frente a la migración. Pero, cinco meses después de la toma de posesión de López Obrador, el número de deportaciones ya ha superado las del último periodo de Peña Nieto.

Un grupo de migrantes es trasladado por la Policía Municipal en Chiapas

Pese a las cifras, el Gobierno mexicano insiste en que no ha habido cambio de política respecto al inicio del sexenio y mantiene un discurso de mano tendida a los recién llegados. Según el INM, el incremento de las expulsiones se debe simplemente al aumento del flujo migratorio. Sin embargo, los datos muestran que las entradas de extranjeros al Estado de Chiapas, el principal punto de ingreso de los migrantes centroamericanos, han descendido ligeramente en los primeros meses del año. Jorge Andrade, investigador del think-tank Instituto para la Seguridad y la Democracia, apunta a una “falta de claridad”. “El nuevo Gobierno quiso partir de un enfoque más humanitario, de una política más abierta que la de la anterior Administración, pero parece que solo fue un discurso”, asegura. “Ha reculado, posiblemente por las presiones de Estados Unidos (EE UU)”.

Las expulsiones han ido precedidas por una intensificación de las detenciones de migrantes que no han tramitado su estancia legal en el país. A finales de abril, las autoridades detuvieron a un grupo de casi 400 centroamericanos que habían decidido continuar su viaje hacia EE UU sin esperar a tramitar sus permisos, proceso que puede llegar a demorarse varios meses. Los detenidos fueron trasladados a una estación migratoria en la ciudad fronteriza de Tapachula para, aseguran las autoridades, “regularizar” su situación. En otras ocasiones, no se les da esa segunda oportunidad y son deportados directamente. Alexandra Délano, experta en migración de The New School de Nueva York, apunta a una posible discrecionalidad. “No hay protocolos muy claros; el Gobierno ha ido cambiando sus prioridades sobre cómo, cuándo y a quién deporta”, señala.

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Miles de cubanos, haitianos y centroamericanos se acumulan en la frontera sur de México tras la orden del Gobierno de López Obrador de suspender en Tapachula los trámites migratorios para quienes se dirigen a EE UU

A las puertas de la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula (Chiapas) hay una niña de ocho años cubierta por minúsculas gotas de sudor frío, que escupe espuma blanca con los ojos cerrados. Ha perdido la conciencia. Detrás de las rejas, una pareja de funcionarios de seguridad observan la escena impávidos. Parece que no es la primera vez que viven algo similar. Custodian uno de los centros migratorios más grandes de Latinoamérica en una de las fronteras más transitadas del mundo, la que separa Guatemala de México. Lo que no habían visto nunca, cuentan, es a cientos de africanos sobreviviendo tras esa valla, sin comida ni agua, con un sol plomizo y una humedad asfixiante. Niños desnutridos, con fiebre y con diarrea. Madres desesperadas. La de Dani, la niña angoleña frente a las rejas, se desgañita en portugués para que les dejen pasar, que su hija se va a morir. Nadie se inmuta. Nadie llama a una ambulancia. Después de los gritos, solo hay silencio. Su madre la tapa con una manta rosa. Son las dos de la madrugada.

Cientos de migrantes durmiendo en el parque central de Tapachula

La frontera sur de México es estos días una olla a presión. Un cruce fácilmente penetrable: por unos cuantos pesos se puede atravesar ilegalmente un río que le permite a cualquier migrante pisar en pocas horas suelo mexicano y esquivar así la aduana. Salir del México pobre, Chiapas, y avanzar, siempre ha sido complicado. Pero estos días se ha convertido en una tarea titánica. Excepto para quienes se arriesgan a hacerlo en una caravana, principalmente centroamericanos indocumentados, los que han decidido optar por la vía legal —miles de cubanos, africanos y haitianos— han chocado con un muro antes de lo previsto. Un bloqueo burocrático. El Gobierno de López Obrador decidió a mediados de marzo suspender cualquier trámite migratorio en el municipio fronterizo de Tapachula. Y todos ellos se encuentran desde hace un mes varados en esta localidad, sobreviviendo en sus calles, parques y pensiones. Agotando el poco dinero que traían y sin ninguna garantía de que vayan a salir algún día de ahí. A menos de que sea en un avión de la policía federal, deportados.

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