Pese a que la migración internacional, en sus formas crecientemente complejas, afecta en la actualidad a un mayor número de países que en el pasado, no existe ningún sistema global para regular el movimiento de personas. La consecuencia es que la soberanía de los Estados sigue siendo el principio general en este ámbito. El derecho internacional reconoce el derecho de todo el mundo a salir de cualquier país, incluido el propio, y a regresar al propio país. Sin embargo, no contempla el derecho a entrar en otro país: los Estados retienen la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales, incluidos aquellos en situación irregular.

Esta prerrogativa está sujeta, no obstante, a sus obligaciones en materia de derechos humanos y a cualquier acuerdo o convenio que puedan haber suscrito para limitar su soberanía en este ámbito, como por ejemplo, su participación en un régimen de movilidad regional. De hecho, el principio de la soberanía estatal y su aplicación a la migración internacional se refleja con claridad en el instrumento fundamental de derechos humanos que consagra la protección de los trabajadores migrantes y sus familiares, concretamente la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (ICRMW), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990.

La ICRMW deja muy claro que los Estados tienen el derecho de controlar sus fronteras, lo que incluye el establecimiento de los criterios que rigen la admisión de los trabajadores migrantes y de sus familiares. La ICRMW consigue un equilibrio entre el poder soberano de los Estados Partes a controlar sus fronteras y a reglamentar la entrada y estancia de trabajadores migrantes y de sus familiares, por un lado, y la protección de sus derechos, por otro. Por otra parte, según el artículo 34 de la ICRMW, los migrantes también tienen la obligación de cumplir las leyes y las normas de los Estados de tránsito y de destino, así como de respetar la identidad cultural de los habitantes de los Estados de tránsito y de destino. La obligación de cumplir las leyes y las normas del Estado en el que encuentran empleo o de cualquier Estado de tránsito incluye una obligación de abstenerse de todo acto dirigido contra la seguridad nacional, el orden público o los derechos y libertades de otros.