Colombia se asoma a una nueva guerra contra el narcotráfico
El Estado combate el 'plan pistola' de grupos armados como el Clan del Golfo: 700 dólares por cada policía asesinado.
21 DE MAYO, 2017
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Detención de ocho integrantes del Clan de Golfo en el departamento de Antioquia, el pasado 15 de mayo.
Colombia intenta pasar la página del conflicto armado con las FARC después de más de 50 años de violencia, pero el país que todavía lucha contra el fantasma de Pablo Escobar se asoma ahora a una nueva guerra con el narcotráfico. Mientras la insurgencia está a punto de dejar las armas y se encuentra en plena transición hacia la vida civil, el campo colombiano va camino de convertirse en el fortín de las bandas criminales que controlan la producción de coca y la minería ilegal. El Clan del Golfo, el grupo más articulado, ha iniciado una ofensiva contra las fuerzas de seguridad que desde principios de mayo ha dejado nueve policías fallecidos y 37 heridos en distintos atentados.
Se conoce como plan pistola y consiste en un ofrecimiento mafioso. Estas organizaciones prometen entregar a los sicarios hasta dos millones de pesos, unos 700 dólares, por cada agente asesinado. Las autoridades, preocupadas por la escalada de ataques, han activado protocolos especiales en las principales ciudades, entre ellas Bogotá, ante el temor a que se produzcan asaltos con explosivos. “Estas estructuras están reaccionando al avance de la fuerza pública y la manera de reaccionar son estos cobardes atentados”, explica a EL PAÍS el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto. Emboscadas en zonas rurales, disparos a quemarropa y lanzamiento de granadas. Así respondió esta banda a una operación contra uno de sus cabecillas, Uldar Cardona, Pablito. “Hace unos días, la fuerza pública dio muerte a Pablito, en una finca en Antioquia. Eso les dolió muchísimo”, señala Fernández de Soto.
Guerrilla, paramilitares y narcotráfico
El Clan del Golfo no es una banda armada nueva. Aunque con otros nombres -Los Urabeños, Autodefensas Gaitanistas de Colombia- es una de organización que existe desde 2006. El Gobierno asegura que en los últimos siete años “se han neutralizado” 1.300 miembros y, más recientemente, la policía se ha incautado de unos 10 millones de dólares y 94 toneladas de cocaína. Su capo se llama Dairo Antonio Úsuga, Otoniel, que pasó por la guerrilla maoísta y fue paramilitar de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia. Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, se ha convertido en uno de los criminales más buscados del país y Estados Unidos ofrece por su captura 5 millones de dólares.
Ariel Ávila, politólogo de la Fundación Paz y Reconciliación, afirma que tras la concentración de la guerrilla en determinados espacios, el 98% del territorio en el que tenían presencia quedó vacío y es evidente que organizaciones como las del Clan del Golfo están ocupándolo. Pero no es la única. Existen otros grupos de características similares, como Los Puntilleros o Los Pelusos. Este último es responsable de la muerte de dos uniformados en los últimos días. El Estado intenta hacer frente a este nuevo conflicto con las fuerzas que había desplegado hasta ahora contra la guerrilla: decenas de miles de militares y policías que pueden comenzar a desempeñar nuevas tareas. “Nosotros veníamos teniendo planes de guerra”, continúa el viceministro de Defensa. “Haber sacado al actor violento principal de la ecuación, permite que nuestra actividad se concentre en el sistema de amenaza persistente que es un crimen residual que vamos a confrontar”.
Sustitución de cultivos
Los soldados protegerán, por ejemplo, a la población de las comunidades de campesinos que decidan iniciar un programa de sustitución de cultivos de coca. Colombia sigue siendo el principal exportador de cocaína en el mundo y el Ejecutivo se ha propuesto reducir las plantaciones ilegales en 50.000 hectáreas en un año. Durante una visita a una finca cocalera del departamento del Meta, este periódico pudo comprobar que la principal inquietud de la vereda La Uribe es el yugo de mafias como el Clan del Golfo.
Camilo Echandía, experto en conflicto y docente de la Universidad Externado de Colombia, recuerda que este grupo ilegal surgió tras la desmovilización del bloque Élmer Cárdenas, un frente paramilitar, y desde entonces ha estado al servicio del narcotráfico y ha intentado construir una estrategia para que lo reconozcan como un actor del conflicto armado, con el propósito de obtener beneficios jurídicos, principalmente. Explica que el plan pistola, que se ha agudizado en los últimos días, no es comparable con el que Pablo Escobar ordenó en los años noventa para no ser extraditado (400 policías asesinados sistemáticamente en enero de 1990). “Se trata de una reacción de ese grupo que no es nueva y que ha sido reiterada junto con los paros armados para presentarse como paramilitares e intentar una negociación como la que en el pasado hicieron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) con el Gobierno de Álvaro Uribe".
