América Latina ha promovido durante largo tiempo un enfoque de guerra a las drogas. Sin embargo, los enormes niveles de violencia, así como otros daños sociales y de salud relacionados con el control represivo de las drogas han llevado a varios países de la región a llamar a un debate sobre políticas de drogas en la región. Uruguay ha dado un paso adelante regulando y legalizando sus mercados de cannabis.

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Sin embargo, los países latinoamericanos han empezado a tomar el control a nivel nacional y regional, experimentando con nuevas formas de abordar el tema y sirviéndose de agencias multilaterales como una manera de generar cambios. En la Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia, en Abril de 2012, los presidentes de la región, liderados por el colombiano Juan Manuel Santos, encargaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) llevar a cabo una revisión de la efectividad de las actuales políticas de fiscalización de drogas y explorar enfoques alternativos. La petición  activó el creciente reconocimiento a lo largo América Latina de que las presentes políticas de drogas han fracasado a la hora de lograr los objetivos deseados, de que los países de la región han pagado un alto precio implementando estas políticas, y la necesidad de situar como una prioridad la reducción de los inaceptables niveles de violencia. La demanda de un estudio de la OEA refleja la creciente independencia regional con respecto a la política de Estados Unidos y la decadencia de la influencia del país del norte en la región.

Mientras que Colombia y Perú han mantenido un enfoque sobre erradicación forzada de cultivos, el gobierno boliviano ha adoptado un enfoque diferente que está enseñando múltiples resultados positivos.

La estrategia de reducción cooperativa de coca permite a cada campesino cultivar un « cato » de coca (alrededor de 1600 metros cuadrados) en la región de cultivadores de coca de Chapare ; sin embargo, culquier cultivo de coca por encima de esta media es sujeto de erradicación. Se está implementando una estrategia elaborada de monitoreo de hoja de coca que permite al gobierno monitorear la coca desde su cultivo inicial a su transporte y venta. La Unión Europea ha proveído un apoyo financiero sustancial para el Programa de Apoyo al Control Social para la Producción de Hoja de Coca.  El enfoque de Bolivia refleja a algunos donantes como la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) : un enfoque de medios de vida alternativos, que se basa en mejorar las vidas de los campesinos pobres ofreciento fuentes alternativas de ingresos y mejoras generales a su calidad de vidad, previamente a las reducciones de los cultivos desviados a los mercados ilícitos.

El sistema de justicia criminal en América Latina relacionado con las penas de drogas, por producción, tráfico y uso, continúa adoleciendo de recursos básicos y ha resultado en el mayor debilitamiento de las ya débiles instituciones en la región. Un tema prioritario es la falta de proporcionalidad en las sentencias por temas relacionados con drogas, ya que las líneas fronterizas entre posesión para uso personal y tráfico de drogas, son borrosas o no existen. Además, hay una falta de jerarquía para penas de drogas, el rango o la posición en las redes de tráfico de la persona acusada, falta de distinción entre delitos violentos y no violentos o distinción entre diferentes tipos de drogas

Las penas duras de drogas han conducido a una masiva sobrepoblación carcelaria, condiciones inhumanas y violencia en las prisiones de América Latina. Condiciones inhumanas y una seguridad ineficiente en las prisiones han resultado en incendios y masacres, incluido el incendio de Febrero de 2012 en Honduras que mató a 350 internos, y la masacre en México en el mismo mes que resultó en la muerte de 44 reclusos y la fuga de 36 miembros del crimen organizado. En la práctica, las bandas gestionan varias prisiones en América Latina, con guardias sirviendo como seguridad tangencial y para transportar a los prisioneros a la corte. Las cortes de drogas están siendo hoy consideradas por los gobiernos de la región (y ya son una práctica en Chile), en particular en México, para referir a personas dependientes hacia programas de tratamiento. Sin embargo la evidencia sobre las cortes de drogas muestra que tales mecanismos pueden tener un impacto negativo en los usuarios de drogas, en particular conduciendo a la criminalización de los usuarios, suspendiendo sus derechos al debido proceso y dejando el acceso a a programas de tratamiento sobre drogas en manos de las cortes, en vez de abordando la dependencia de drogas desde una enfoque de salud