INFORME DE AMNESTY INTERNATIONAL: Reino Unido 2015/2016
Se confirmaron los planes para derogar la Ley de Derechos Humanos. El gobierno siguió oponiéndose a participar en los esfuerzos de la UE por repartir la responsabilidad sobre el creciente número de personas refugiadas que llegaban a Europa. Arreciaron las críticas a las leyes sobre vigilancia.
Seguridad y medidas antiterroristas
Las amplias competencias en materia de antiterrorismo siguieron suscitando preocupación. En febrero entró en vigor la Ley Antiterrorista y de Seguridad, que estableció nuevas competencias, como restricciones a la hora de viajar para las personas presuntamente implicadas en actividades relacionadas con el terrorismo y la expulsión de Reino Unido de ciertos ciudadanos u otras personas con derecho a residir allí que rechazaran las condiciones impuestas por el gobierno a su regreso al país. Además, la Ley impuso a determinadas instituciones, como escuelas y ayuntamientos, una obligación legal, conocida como “deber de prevenir”, por la que debían prestar la “debida consideración a la necesidad de prevenir que las personas se vean empujadas al terrorismo”. Las ONG y la sociedad civil expusieron su preocupación por la posible repercusión discriminatoria de esta obligación.
En octubre, el gobierno presentó una nueva “estrategia contra el extremismo”. Se incluían en ella planes para la elaboración de un proyecto de Ley sobre Extremismo que introduciría nuevas competencias para abordar lo que se calificara de extremismo, entre ellas la posibilidad de prohibir ciertas organizaciones, la imposición de restricciones a personas concretas y la limitación del acceso a lugares utilizados para apoyar el extremismo. Las propuestas suscitaron preocupación por la posibilidad de que estas nuevas competencias propiciaran la violación de los derechos a la libertad de reunión, asociación y expresión y a la privacidad.
En septiembre, el primer ministro anunció en el Parlamento que el 21 de agosto la Real Fuerza Aérea había realizado un ataque con drones en la zona de Al Raqqa, en Siria, causando la muerte de tres presuntos miembros del grupo armado Estado Islámico, dos de ellos ciudadanos británicos. El gobierno hizo caso omiso de los llamamientos de ONG y parlamentarios para que hiciera público el asesoramiento jurídico en el que se había basado la autorización del ataque.
El 30 de julio, el Tribunal de Apelación, en la causa Serdar Mohammed v. Secretary of State for Defence, declaró ilegítima la detención durante casi cuatro meses de un ciudadano afgano por las fuerzas armadas británicas. El Tribunal resolvió que la detención había sido arbitraria y, por tanto, violado el derecho a la libertad de esta persona consagrado en el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, aplicable también a las detenciones en el extranjero.
EN: https://www.amnesty.org/es/countries/europe-and-central-asia/united-kingdom/report-united-kingdom/
Vigilancia
Las críticas a las leyes sobre vigilancia de Reino Unido arreciaron durante el año, y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, entre otros, expresó preocupación y pidió al gobierno que garantizara que la interceptación de comunicaciones personales y la conservación de datos sobre comunicaciones se realizaban con arreglo a las leyes sobre derechos humanos.
El 6 de febrero, el Tribunal de Poderes de Investigación resolvió, en una causa iniciada por Amnistía Internacional y otras nueve ONG de cuatro continentes, que los procedimientos del gobierno para “pedir, recibir, almacenar y transmitir las autoridades de Reino Unido comunicaciones privadas de personas ubicadas en Reino Unido que hubieran sido obtenidas por las autoridades de Estados Unidos” violaban los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión. Sin embargo, el Tribunal declaró que dicho régimen de intercambio de material de inteligencia era ya legal debido a las revelaciones que había hecho el gobierno durante las actuaciones judiciales.
Tras la resolución del Tribunal de Poderes de Investigación, Amnistía Internacional y las otras nueve ONG demandantes llevaron el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que la legislación británica aplicable a diversos aspectos de la vigilancia de las comunicaciones violaba las obligaciones del país en materia de derechos humanos, incluidas las relativas a los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión.
El 17 de julio, el Tribunal Superior resolvió que el artículo 1 de la Ley de Conservación de Datos y Poderes de Investigación de 2014 era ilegal en virtud de la legislación de la UE sobre los derechos al respeto a la vida privada y a la protección de los datos personales, previstos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
En noviembre, el gobierno hizo público un anteproyecto de Ley de Poderes de Investigación para someterlo a consulta. Se proponía en él una reforma total de las leyes sobre vigilancia y conservación de datos. Varias ONG expresaron su preocupación, porque el proyecto no contenía salvaguardias suficientes para los derechos humanos y preveía prácticas que los amenazaban.
